Manuel Medina, presidente del Frente de Lucha Campesina, denunció el abandono del campo en Aguascalientes por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Criticó la desaparición del Tribunal Agrario con sede en el Estado, así como del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, lo que ha paralizado juicios y trámites agrarios, además de violar el artículo 27 constitucional.
Al respecto, detalló que el gobierno de la Cuarta Transformación “está continuando con políticas neoliberales de desmantelamiento del campo mexicano. Vemos que el campo mexicano cada día va hundiéndose en todos los aspectos”.
Criticó la desaparición del Tribunal Unitario Agrario Número 1 con sede alterna en Aguascalientes, pues ello deja al Estado sin acceso a una justicia agraria pronta y expedita. Aseguró que esta decisión se sustentó únicamente en un acuerdo del Tribunal Superior Agrario, el cual, dijo, viola de manera abierta el artículo 27 constitucional, dejando a los productores del campo en un escenario de total indefensión jurídica.
“Este trae como consecuencia que cada vez sea menos productivo, no hay apoyos, no hay financiamiento, no hay certeza jurídica. Fue un despojo descarado del Tribunal donde la justicia para el campo desaparece en Aguascalientes”, refirió.
Manuel Medina también lamentó la desaparición de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), ocurrida en julio de 2025, pese a que Aguascalientes es una de las entidades que más requiere este tipo de programas debido a la escasez de agua y la región está catalogada como un “punto rojo” por su estrés hídrico.
Asimismo, señaló el abandono de proyectos productivos como el vivero acuícola de Pabellón de Hidalgo, que anteriormente abastecía de crías para la pesca regional y hoy permanece como un “elefante blanco”.
Finalmente, el dirigente del Frente de Lucha Campesina advirtió que, mediante un acuerdo publicado el 3 de enero, dejaron de operar en Aguascalientes la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, lo que ha paralizado juicios y trámites, ya que este último funciona como el “registro civil” de los ejidos y parcelas.
