México, 7 jun (EFE).- Unos 6.000 elementos de la Guardia Nacional se desplegarán en la frontera sur para controlar el flujo migratorio, una decisión que se vincula con la crisis diplomática con EE.UU. y pone en duda la promesa de defender los derechos humanos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Expertos consultados por Efe este viernes coinciden en que el líder izquierdista pierde credibilidad en el momento en el que sus palabras y acciones se vuelven distantes, casi opuestas, al tomar decisiones como esta.
La situación en la que Estados Unidos ha arrinconado a México en los últimos días ha puesto de manifiesto esa contradicción.
Hace una semana, la Casa Blanca anunció la imposición de aranceles del 5 % a los productos mexicanos a partir del 10 de junio, ampliables gradualmente al 25 % hasta el mes de octubre.
La imposición supone un castigo al país latinoamericano por no contener el flujo migratorio procedente de Centroamérica, según el gobierno estadounidense.
Desde finales del pasado año, miles de migrantes -en su mayoría procedentes de Honduras- llegan a México en caravanas para, en su mayoría, atravesarlo hasta Estados Unidos en busca del sueño americano.
En su mayoría son centroamericanos que huyen de las condiciones de violencia y falta de oportunidades económicas de El Salvador, Honduras y Guatemala.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, instalado en Washington desde hace una semana, dijo este jueves tras las negociaciones con el Gobierno estadounidense que México enviará 6.000 elementos de la Guardia Nacional -un cuerpo militar que entrará oficialmente en funciones el 30 de junio- a la frontera sur.
Si bien es un primer paso para hacer que se retracte el imprevisible líder estadounidense, Donald Trump, las negociaciones continuarán este viernes.
Entre tanto, la decisión de optar por la fuerza militar ya ha logrado dislocar el discurso López Obrador en materia de derechos humanos.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en México, Tania Reneaum, dijo este viernes a Efe que «el mensaje que da el presidente López Obrador es profundamente ambiguo» y contrasta con acciones que veíamos al inicio de su mandato.
En concreto, Reneaum alude a la imagen de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregando visas humanitarias a los migrantes que ingresaban al sur del país en enero.
Ahora, con este giro en los acontecimientos, «el interés por los derechos humanos parece más una promesa en el papel que una realidad».
Por su parte, la directora de la ONG Sin Fronteras, Ana Saiz, cuenta este viernes a Efe que el presidente pierde credibilidad en su «mirada de seguridad y de respeto a los derechos humanos».
Sobre la Guardia Nacional -la cual ha despertado numerosas críticas desde su creación por parte de entidades civiles y organismos internacionales- advierte que «si bien ya está legalmente constituida, aún no sabemos ni la capacitación ni los rangos de actuación que les están dando».
El miedo a la fuerza militar es una constante en el país pues desde hace años numerosas organizaciones han denunciado violaciones a derechos humanos perpetradas por elementos castrenses.
«Este excesivo uso de la fuerza es totalmente inaceptable», agrega Saiz.
López Obrador ha repetido hasta la saciedad que se han de proteger a los «hermanos centroamericanos» desde que iniciase la legislatura el pasado 1 de diciembre de 2018.
De hecho, existe un Plan de Desarrollo para México y Centroamérica que el país ya presentó hace un mes a Estados Unidos.
Además, López Obrador cambió ligeramente el discurso en días recientes, cuando defendió que se han de atender «las causas» pero «tampoco se puede permitir que transiten por nuestro territorio de manera ilegal», apuntó este jueves.
Además, las cifras de nuevo contradicen las intenciones humanistas del Gobierno.
Según el Instituto Nacional de Migración (Inami), desde que López Obrador tomó las riendas se han deportado a unos 55.000 extranjeros, y los números han ido ascendiendo.
Saiz considera, con los datos a la vista y el reciente anuncio del traslado de militares a la frontera, que «lo que vemos en los hechos es que se ha puesto en marcha una política migratoria más rígida».
«Para nosotros esto viola incluso tratados internacionales en materia de asilo», agrega.
Contrasta también el «presupuesto raquítico» que tiene la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
A esto se suma que ayer el Gobierno anunció el bloqueo de las cuentas bancarias de 26 personas que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y en la organización ilegal de caravanas.
Al mismo tiempo, la ONG Pueblo Sin Fronteras denunció el arresto de dos defensores de derechos humanos, Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, acusado por la Fiscalía General les acusa de cometer delitos «en materia migratoria».
Pero la ONG defiende que tanto Mújica como Sánchez son activistas desde hace más de una década, y que su arresto es una respuesta más del Gobierno mexicano ante la presión estadounidense.
