Familiares de personas privadas de su libertad se manifestaron esta mañana afuera de Palacio Nacional para exigir a las autoridades una investigación sobre las presuntas extorsiones que, aseguran, se cometen diariamente dentro del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Aguascalientes.
Aunque la convocatoria se realizó con un día de anticipación, apenas siete personas acudieron a expresar su inconformidad. Los manifestantes señalaron que las extorsiones se han vuelto una práctica constante y que, pese a haber denunciado los hechos, no han recibido respuestas ni protección.
El reclamo público surge después de que se registraran un incendio y una riña al interior del penal, en lo que representó la segunda jornada consecutiva de violencia. Algunos familiares se presentaron para conocer el estado de salud de sus seres queridos y aprovecharon para denunciar las condiciones dentro del centro penitenciario.
De acuerdo con sus testimonios, las víctimas de extorsión no pueden presentar denuncias porque sufren represalias. Aseguran que han llegado a depositar hasta 60 mil pesos para evitar agresiones o castigos, e incluso deben pagar por la comida diaria o por el acceso a las visitas conyugales, que alcanzan los 2 mil pesos. En algunos casos, mencionaron que se cobran intereses de hasta 3 mil pesos cuando no se logra cubrir el monto exigido.
Las familias mostraron comprobantes de depósitos bancarios y mensajes que, afirman, evidencian las prácticas de cobro al interior del penal. Relataron que, cuando el dinero no llega a tiempo, los reclusos pueden ser castigados quedando a la intemperie o incluso sin ropa en el patio.
Durante la manifestación, los familiares intentaron ingresar a Palacio Nacional para solicitar ser atendidos por alguna autoridad. Finalmente, fueron recibidos por el subsecretario de Gobierno, Manuel Cortina Reynoso, quien se comprometió a revisar el caso y realizar las investigaciones correspondientes.
El funcionario precisó que, hasta el momento, las versiones no son oficiales, ya que provienen de relatos entre reos y familiares, pero señaló que se revisarán las pruebas presentadas y se actuará conforme a los resultados. Asimismo, adelantó que podrían reubicarse a los internos involucrados en estas prácticas o, en su caso, trasladarlos a penales federales.
Las familias insistieron en que lo que buscan no es sólo justicia, sino garantizar la seguridad y el trato digno de quienes permanecen recluidos en el penal de Aguascalientes.
