Aguascalientes.- Documentos en poder de HIDROCÁLIDO, y el testimonio de integrantes del Consejo de Administración del Fideicomiso de Administración e Inversión (FIADE), muestran que de manera encubierta y sigilosa se gesta uno de los desfalcos más grandes en la historia de Aguascalientes usando como mecanismo la venta de los 33 predios industriales dado a conocer desde agosto pasado.
De acuerdo al testimonio por separado de los miembros del Consejo del FIADE, la estrategia para que “sobren” poco más de 500 millones de pesos radica en la tasación más raquítica posible en los avalúos de los terrenos, mismos que sólo contemplan un incremento porcentual marginal ajustado a la inflación luego de más de 12 años de haber sido adquiridos, lo cual a todas luces es un deliberado ‘error’, puesto que los predios ya no son en lo más mínimo rústicos -como se pretende hacer pasar en los documentos generados por Catastro-, debido a que ya están urbanizados y rodeados por industrias.
Los entrevistados dijeron a HIDROCÁLIDO que la deliberada intención de hacer pasar los predios por rústicos se constituye de forma escandalosa y flagrante no sólo como un descarado peculado, sino que tiene visos de auténtica asociación delictuosa, debido a que han detectado una estrategia conjunta y coordinada en diferentes instancias de Gobierno para forzar que los avalúos tasen los costos de los terrenos muy por debajo de su valor comercial real.
Detallaron que el mecanismo del fraude inició con la modificación de las reglas de operación del fideicomiso en 2018, bajo las cuales se ampliaron las facultades para poder enajenar los bienes del FIADE para que éste no sólo pudiera hacerlo vía subasta, sino también por asignación directa.
Uno de los entrevistados detalla que “tenemos conocimiento de que el Gobierno del Estado tiene ‘apalabrados’ ya a los compradores, y que incluso éstos ya tienen los terrenos escogidos y pactados. Sin embargo, para poder hacer pasar el procedimiento como legítimo, se dio a conocer el proceso de venta de los terrenos desde el pasado mes de agosto para fingir que se corrieron los trámites en tiempo y forma, pero todo ya estaba pactado desde mucho antes”, dice.
De acuerdo a las versiones, las transacciones están pactadas al costo real de los predios, pero la tasación está realizada únicamente bajo los términos ‘arreglados’ mediante los avalúos de Catastro, por lo que los ‘ganadores’ del proceso de venta deberán integrar a la hacienda pública el valor ‘oficial’, y el resto del dinero con la tasación real será entregado por ‘otras vías’ a personas previamente establecidas como contactos directos y personales de altos directivos de la actual Administración estatal.
Las fuentes consultadas, y los documentos en poder de HIDROCÁLIDO, muestran que si esta transacción se completa, el daño al erario público será superior a los 500 millones de pesos.
Es importante recordar que el FIADE se constituyó como un instrumento de inversión en obras de infraestructura estratégica para el desarrollo económico y para otorgar financiamiento para la creación, expansión, administración y otorgamiento de apoyos e incentivos en la creación o consolidación de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Sin embargo, la estrategia que pretende el Gobierno estatal para la enajenación de los terrenos aprovecha que la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, el Artículo 16 establece que: “El patrimonio de los fideicomisos públicos, considerados o no, como entidades paraestatales, no forman parte de los bienes propiedad del Estado,..”, por lo que técnicamente no le obliga cumplir con los requisitos previstos en la ley y los procedimientos de enajenación se realizarán en aparente apego a las formalidades contenidas en los contratos de fideicomiso.
Para las fuentes consultadas, cierto es que los funcionarios involucrados en el proceso pueden cumplir cada uno de los requisitos previstos en el manual y adjudicar vía subasta o adjudicación directa los bienes, pero acotan que si el valor de adjudicación de los bienes es inferior al valor de mercado incurrirán de forma inequívoca en una grave irregularidad, ya que los funcionarios públicos son responsables del patrimonio del Estado, en este caso los derechos fiduciarios, y estarían violentando los artículos 50, 52 y 53 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
¿CÓMO VIOLAN LA LEY?
Se consideran ‘Falta administrativa no grave’ los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente, y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público.
En el caso de existir elementos que demuestren una participación o colusión de funcionarios públicos al enajenar bienes por debajo de su valor de mercado, incurren en el delito de cohecho y peculado cuando autoricen, soliciten o realicen actos para el uso o apropiación para sí o para terceros, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado.
