Exigen resultados: La crisis en la Comisión Local de Búsqueda de Aguascalientes
Indigna y provoca una severa crítica que pone en evidencia una profunda crisis al interior de las instituciones de seguridad en nuestra entidad, los integrantes del colectivo Caso Maverick han alzado la voz para denunciar una situación sumamente alarmante. Según lo expuesto por las madres buscadoras, la Comisión Local de Búsqueda en Aguascalientes enfrenta una parálisis institucional caracterizada por una notable carencia de capacidad operativa y administrativa, una situación que, lejos de ser un simple trámite burocrático, impacta directamente en las familias que aguardan el regreso de sus seres queridos.
La denuncia central radica en una decisión que ha generado indignación generalizada: esta dependencia estatal optó por devolver una cifra millonaria a la federación, bajo el argumento de una supuesta incapacidad para ejecutar dichos recursos en tiempo y forma. Para los familiares de personas desaparecidas, este argumento resulta inaceptable, ya que ese dinero pudo haber sido el motor necesario para dinamizar las tareas urgentes de localización inmediata, las cuales son, en muchos casos, la única esperanza de hallazgo.
El alcance de este reintegro financiero es, a todas luces, preocupante. De acuerdo con la información recabada por el colectivo, la cifra devuelta asciende a un millón 167 mil 747 pesos, una cantidad que formaba parte de un presupuesto global de 6 millones 600 mil pesos que fueron asignados por el ámbito federal durante el ejercicio fiscal 2025.
Prioridades cuestionadas: Mobiliario sobre la búsqueda de vida
Guadalupe Carrillo, vocera del colectivo Caso Maverick, presentó datos obtenidos mediante el ejercicio de transparencia que revelan una gestión administrativa carente de empatía y visión operativa. Según los documentos expuestos, el 60 por ciento del gasto ejercido por la oficina fue destinado exclusivamente a la compra de mobiliario, mientras que apenas un 20 por ciento del recurso se canalizó hacia las labores de búsqueda propiamente dichas.
Esta desproporción ha generado una fuerte indignación entre los familiares, quienes señalan que las necesidades de oficina han sido colocadas por encima de las acciones de campo. Al respecto, Carrillo fue contundente:
“Desde nuestro colectivo alzamos la voz y reclamamos el hecho de que se siga teniendo en ese lugar a quien sólo ha venido a hundir al Estado”.
La negligencia que cuesta vidas
La activista ha sido clara en su diagnóstico: Aguascalientes no requiere una “Comisión de Búsqueda de escritorio”. De acuerdo con la postura del colectivo, la actual administración de la dependencia incurre en negligencias, omisiones y una preocupante falta de conocimiento técnico. Estos factores no solo retrasan los procesos, sino que, en palabras de las propias familias, contribuyen a la revictimización de quienes esperan respuestas.
El impacto de esta mala gestión administrativa es directo. Al priorizar el gasto administrativo, se frenaron actividades críticas como la localización inmediata, las búsquedas en vida y los indispensables análisis forenses. Ante la ineficiencia operativa, la vocera del colectivo advirtió con tono de urgencia:
“Llegar a aprender ya ha costado vidas”.
Opacidad y falta de rendición de cuentas
A pesar de que en las mesas de trabajo a nivel federal se ha solicitado y gestionado un incremento en el presupuesto destinado a las comisiones locales, el colectivo Caso Maverick considera que cualquier aumento resulta inútil si las autoridades estatales carecen de la capacidad técnica para ejercer el dinero de manera eficiente.
La lucha por la verdad y la transparencia ha topado con una nueva barrera. Al solicitar información sobre el desglose puntual por rubros del presupuesto ejercido, la Comisión Local de Búsqueda respondió evadiendo el cuestionamiento central. Según Guadalupe Carrillo, al vencer el plazo legal, la dependencia contestó exceptuando el desglose solicitado, bajo el argumento de que la petición presentada por las familias era “muy ambigua e imprecisa”.
Esta negativa a transparentar el gasto no hace más que profundizar la desconfianza del colectivo hacia las autoridades estatales, quienes continúan siendo señaladas por una nula capacidad operativa que mantiene en vilo a las familias de personas desaparecidas en la entidad.
