Crisis de derechos humanos y violencia es lo que contrasta con la imagen festiva de México ante la atención internacional por eventos deportivos globales, situación que ha llevado a diversas organizaciones de la sociedad civil a alzar la voz. A través del documento titulado “¡Alto a la infamia!”, respaldado por 140 personalidades de diversos ámbitos, agrupaciones como el Frente Amplio Democrático, Redex y Futuro 20 han exigido al Gobierno Federal que reciba, escuche y atienda de manera urgente a los padres y madres buscadoras de personas desaparecidas de manera forzada.
El contraste: entre el festejo y la tragedia
El pronunciamiento subraya que, mientras el mundo observa a México bajo el lente de las celebraciones, el país atraviesa una realidad paralela y contrastante. Cientos de miles de familias mexicanas viven inmersas en la violencia más injusta, enfrentando la incertidumbre, el miedo constante y una flagrante falta de respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Las organizaciones firmantes sostienen que, aunque los mexicanos han demostrado una capacidad admirable de resistencia, es imperativo que la comunidad internacional sea testigo de un país atormentado. Esta violencia atroz ha derivado en una crisis humanitaria sin precedentes, cifrada en cientos de miles de personas asesinadas y una cifra alarmante que supera las 130 mil personas desaparecidas de manera forzada.
La responsabilidad del Estado y la labor de las buscadoras
Uno de los puntos críticos del documento es la denuncia ante la “simulación” gubernamental. Los firmantes acusan a la administración actual de pretender hacer creer que se atiende la tragedia de las desapariciones, cuando en el terreno, las familias perciben indiferencia o, en escenarios más graves, una presunta confabulación con los cárteles del crimen organizado.
Esta omisión estatal ha obligado a los familiares a asumir una responsabilidad que, por mandato constitucional y ético, corresponde exclusivamente al Estado mexicano. El documento describe con crudeza esta labor: “Las vemos abrir, con sus propias manos, zanjas en tierras secas; escudriñar pantanos; encontrar miles de fosas clandestinas y documentar tragedias que ninguna sociedad debería tolerar”.
Advertencia internacional: ¿Crimen de lesa humanidad?
La gravedad de la situación en México no ha pasado desapercibida para los organismos internacionales. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha invocado, por primera ocasión en su historia, el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El objetivo de esta acción histórica es llevar ante la Asamblea General de la ONU el señalamiento de que en México podría estarse configurando un crimen de lesa humanidad. Esta posibilidad se fundamenta en el carácter permanente, continuo y generalizado de las desapariciones forzadas que ocurren a lo largo y ancho del territorio nacional.
Exigencia al gobierno de Claudia Sheinbaum
Ante este panorama, las organizaciones civiles han sido tajantes en sus demandas dirigidas al gobierno de Claudia Sheinbaum. Los colectivos señalan que, lejos de ser apoyados, los padres y madres buscadoras son ignorados e, incluso, objeto de burlas.
El documento denuncia actos de intimidación preocupantes: “Asimismo, afirmaron que se les amenaza con fincarles delitos, como, aseguran, lo ha hecho recientemente la secretaria de Gobernación, minimizando su lucha y esfuerzo”.
La exigencia central es clara y contundente: el Estado debe dejar de ignorar a quienes buscan a sus seres queridos. La petición de los firmantes es que la administración federal no solo reciba y escuche a las familias, sino que atienda efectivamente sus exigencias y dé respuestas concretas a sus demandas, poniendo fin a una política de desdén que solo profundiza el dolor de quienes, ante la ausencia de justicia, se han convertido en los buscadores de la verdad en un país marcado por la desaparición.
