México, 17 may (EFE).- Organizaciones ambientalistas, indígenas y civiles, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar medidas cautelares para “evitar daños irreparables” al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, sureste de México, ante los posibles daños que ocasionaría la construcción del megaproyecto del Tren Maya,.
Agregaron que el acuífero es un “elemento indispensable” de los territorios y principal fuente de abasto de agua de la población y de las comunidades del pueblo maya.
Por lo que en aplicación del principio precautorio en materia medioambiental solicitaron que el Estado mexicano se abstenga de la construcción del Tren Maya por los “daños graves e irreparables que este pudiera ocasionar al acuífero”.
En un comunicado publicado este domingo, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, señalaron que la construcción del Tren Maya “afectará el sistema de cenotes”, del cual depende el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de la penínsul
El megaproyecto ferrocarrilero, de 1.475 kilómetros de extensión y que atravesará cinco entidades del sureste de México, es junto con el Aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México y la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, los proyectos insignia en infraestructura del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante el avance en el proyecto, que ya tiene tres tramos licitados y con fecha para arrancar su construcción, el 25 de mayo, las organizaciones solicitaron, este sábado 16 de mayo, la intervención de la CIDH.
La solicitud fue presentada debido a que el inicio de la construcción “amenaza con recrudecer la ya vulnerable situación ambiental del sistema de cenotes”, ya desde muchos años antes, el Estado Mexicano “ha permitido, tolerado y participado en su deterioro” siendo un promotor del desarrollo de megaproyectos turísticos, inmobiliarios y agroindustriales que utilizan y contaminan sus aguas en la citada península que integran los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo .
Las organizaciones señalaron que las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno en esas entidades “han sido omisas en asegurar una infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los residuos sólidos”.
Además de haber otorgado concesiones para carga y descarga de agua que son operadas sin control, ni medidas de prevención ni mitigación, poniendo en peligro el patrimonio histórico, identitario y cultural de los pueblos mayas, así como su salud y sus vidas.
El Gobierno de México ha dicho que la obra tendrá una inversión total de cerca de 120.000 millones de pesos (unos 5.000 millones de dólares) para iniciar operaciones en 2024 en 951 kilómetros de cinco estados del sureste.
La polémica por la construcción de este proyecto, que inició este mes, se ha agudizado por la crisis de la COVID-19, que en México acumula más de 47.000 contagios y más de 5.000 defunciones.
Aunque el Gobierno suspendió las actividades no esenciales de la economía al declarar la emergencia sanitaria el 30 de marzo, después ajustó el decreto para continuar la construcción de sus obras prioritarias, como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.
El presidente mexicano ha defendido la obra al considerarla parte de su plan para crear 2 millones de empleos este año frente a la crisis y ha dicho que podría detonar la generación de nos 100.000 empleos.
