Con preocupación, abogados advierten a los trabajadores acerca de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que permite a las Afore destinar hasta el 30% de los recursos para el retiro a la realización de obra pública, sin la autorización directa de los ahorradores.
En este sentido, Juventino Lamas Guzmán, abogado especializado en derecho laboral, seguridad social y juicio de amparo, señaló que la cuenta individual del trabajador incluye retiro, cesantía en edad avanzada, vivienda y aportaciones voluntarias, que son complemento de la jubilación o la pensión. Dichos fondos podrán ser invertidos en obras públicas “como las que hemos conocido muy famosas, no necesariamente por la buena inversión en ellas, como el Tren Maya, el AIFA o la refinería de Dos Bocas”.
Explicó que el gran riesgo que se corre es la existencia de minusvalías, que en las Afore representan pérdidas de recursos en los rendimientos, además de las comisiones.
Dio a conocer algunos datos registrados antes de la existencia de esta Ley para el Fomento de la Inversión, donde se reporta la existencia de 10 Afore, a las que pertenecen 70 millones de trabajadores, lo que representa un ahorro acumulado de 8.6 billones de pesos y, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Afores, el 7.5% de las aportaciones es lo que se ha invertido en infraestructura.
Lamas Guzmán indicó que 2.5 billones de pesos de los trabajadores podrán ser invertidos en dichas obras estratégicas del Bienestar, con la posibilidad de que no se tengan rendimientos, sino más bien pérdidas.
“Los trabajadores no tienen decisión sobre los fondos y tampoco existe un mecanismo claro para poder oponerse a las inversiones que se realicen”, señaló el especialista, tras indicar que, jurídicamente hablando, se tendrán que revisar los lineamientos del reglamento para ver si se puede promover un amparo.
