Mientras que las autoridades no hagan cumplir la normativa de la prohibición de los vapeadores y el cigarrillo electrónico, además de contar con un proceso eficiente de difusión y comunicación para hacer conciencia acerca del daño del tabaquismo, la gente no dejará de fumar, manifestó la activista de la Asociación Códice, Isabel Jiménez Maldonado.
Asimismo, destacó que, además de la puesta en marcha de campañas, es importante que las autoridades correspondientes cumplan con las normativas y hagan valer las medidas de sanción.
En este sentido, hizo el llamado para que Regulación Sanitaria cumpla con su responsabilidad de acudir a diferentes establecimientos para supervisar que no se vendan vapeadores y cigarrillos electrónicos, para posteriormente proceder con el decomiso.
“Hay varias acciones que pueden realizar las autoridades”, indicó la activista, tras agregar que el problema que siempre se menciona es que no cuentan con el suficiente personal, por lo que dijo que es importante que esta situación pueda ser resuelta para que el cumplimiento de la ley sea efectivo y, a su vez, se logre la erradicación del tabaquismo.
Isabel Jiménez destacó que el tema de las adicciones es bastante complejo; “para dejar de fumar es necesario contar con todo un tratamiento de cesación”, y señaló que, si a esto se le añade que las autoridades hacen caso omiso a las recomendaciones que se establecen en la ley y el reglamento, hacer frente al problema lo hace aún más complicado.
A pesar de que la reforma a la Ley General de Salud “en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos similares” establece penas de uno a ocho años de cárcel por su venta, aún hay establecimientos en los que se venden y lugares en los que se permite su uso.
La multa para quien venda dichos dispositivos será equivalente de 100 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre 11 mil 314 pesos y 226 mil 280 pesos.