El Senado de la República decidió posponer la votación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que había sido propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta decisión se toma debido a la controversia suscitada por un artículo que otorgaba al Gobierno la facultad de bloquear plataformas digitales de manera temporal.
El artículo en cuestión autorizaba a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) a suspender el acceso a servicios como redes sociales, plataformas de streaming y mensajería, sin una especificación clara sobre las circunstancias en las que dicha medida se podría aplicar. La ambigüedad del artículo generó dudas entre legisladores, medios de comunicación y organizaciones defensoras de los derechos digitales, quienes advirtieron que podría ser un paso hacia la censura digital.
Ante las críticas, Claudia Sheinbaum defendió la propuesta y aclaró que la intención del Gobierno no era censurar plataformas, sino regular el uso de tecnologías para mejorar la seguridad y la infraestructura digital del país. Sin embargo, reconoció que era necesario revisar el artículo para eliminar cualquier posible riesgo de interpretación indebida o incluso para eliminarlo por completo.
La presidenta aclaró que no se trata de un retroceso en la ley, sino de una pausa para evitar cualquier distorsión en su implementación. En ese sentido, se comprometió a abrir un debate público sobre el tema y a consultar con expertos en telecomunicaciones y derechos humanos, para garantizar que las reformas no violen la libertad de expresión.
Además, el Senado planteó la necesidad de revisar otros aspectos de la reforma, como la ampliación de las facultades de la nueva agencia reguladora, lo que suscitó nuevos cuestionamientos sobre el alcance y control que el Gobierno podría tener sobre las comunicaciones digitales.
Con el aplazamiento, la votación de la Ley de Telecomunicaciones quedará pendiente hasta un periodo extraordinario, que se llevará a cabo después del 30 de abril. Mientras tanto, se convocarán más sesiones para discutir y ajustar los puntos más controversiales del proyecto.
Esta suspensión ha dejado claro que, aunque la reforma tiene un objetivo de modernización y de fortalecer la infraestructura digital en el país, debe hacerse con cautela y respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
