Con el retorno a clases, la directora del Instituto de Educación, Lorena Martínez, manifestó que los libros de texto no serán entregados porque independientemente de que no se cuenta aún con la resolución del juez en cuanto a la suspensión del reparto, en el mismo plan de los libros de texto gratuitos se estipula que no se entregarán en un mes, pero que si se mandata la entrega de los mismos una vez que se revisen los amparos que quedan, se tendrá que hacer.
Agregó que este mes está destinado a la elaboración del diagnóstico de aprendizajes de cada uno de los niños y niñas y por supuesto a reforzar los aprendizajes que de acuerdo con el diagnóstico requieran trabajar los maestros con sus alumnos y también está destinado para la elaboración del plan didáctico, “es decir, aunque tuvieron los libros en las escuelas pues no los van a usar porque ahorita hay dos actividades que son las que están marcadas en el calendario de actividades”.
En el supuesto de que se negara el amparo, la autoridad no se negaría a entregar: “Eso no va a pasar, nuestra gobernadora y su servidora estamos muy conscientes de nuestra responsabilidad legal, en Aguascalientes se respeta la ley, por supuesto respetamos el Estado de Derecho y lo hemos venido platicando la gobernadora y yo, y estamos más que comprometidos con respetar la norma. Si hay orden del juez suspenderemos la entrega de libros, pero si no la hay, continuaremos con la entrega de libros de manera regular”.
Añadió: “No hay manera de que no respetemos la ley, en este aspecto la gobernadora ha sido muy clara, en Aguascalientes, hay Estado de Derecho, se respeta la norma y las autoridades somos las primeras obligadas a dejar en claro que se tiene que respetar la ley, si no respetamos la ley, cómo le vamos a exigir a los ciudadanos que se respete la ley”, dijo, en referencia a las exigencias de los padres de familia de que no se repartan.
Recordó que en caso de no entregarlos, la sanción podría ser su destitución del cargo, pero dentro de la obligaciones administrativas sería también el resarcir el daño patrimonial generado por la suspensión del reparto de la bibliografía oficial para las escuelas.
